Aunque muchas empresas ya contaban con procedimientos internos para imponer llamados de atención o sanciones, la nueva orientación deja claro que ahora existen garantías mínimas obligatorias que deberán respetarse en las relaciones laborales del sector privado.

La circular aterriza uno de los cambios más importantes de la Ley 2466 de 2025: el nuevo alcance del artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo.

Y el mensaje es directo: las decisiones disciplinarias ya no podrán manejarse de forma improvisada ni únicamente bajo criterios internos de cada empresa.

“Las sanciones disciplinarias ya no podrán imponerse únicamente con decisiones internas o informales.”

Ya no basta con “llamar la atención”

Uno de los puntos centrales del documento es que cualquier proceso disciplinario deberá garantizar derechos mínimos al trabajador.

Entre ellos:

• Conocer exactamente los hechos que se le imputan.
• Acceder a las pruebas.
• Contar con tiempo para preparar su defensa.
• Presentar descargos.
• Impugnar una decisión adversa.

La circular señala que el empleador deberá informar por escrito las conductas investigadas y entregar las pruebas que soportan el proceso.

Además, la audiencia de descargos no podrá realizarse antes de cinco días hábiles desde la notificación.

En otras palabras, el debido proceso deja de ser una recomendación y pasa a convertirse en una obligación mínima para las empresas privadas.

El despido no siempre exige agotar este procedimiento

Uno de los puntos que más debate está generando entre empleadores y áreas de talento humano tiene que ver con el despido con justa causa. La circular aclara que, por regla general, el despido no se considera una sanción disciplinaria, sino una facultad contractual del empleador.

Eso significa que no siempre será obligatorio agotar todo el procedimiento disciplinario antes de terminar un contrato.

Sin embargo, sí habrá casos donde el debido proceso deberá cumplirse previamente:

• Cuando el reglamento interno así lo establezca.
• Cuando exista un sistema de graduación de faltas y sanciones.
• Cuando el despido funcione realmente como castigo disciplinario.

Esta precisión es importante porque muchas empresas han interpretado la reforma como una obligación automática de adelantar procesos disciplinarios completos antes de cualquier despido, y la circular intenta aclarar ese alcance.

“El debido proceso disciplinario ahora tendrá estándares mínimos obligatorios en el sector privado.”

 

Las microempresas tendrán reglas más flexibles

El Ministerio también reconoció que aplicar procedimientos extensos puede ser complejo para pequeños empleadores.

Por eso, las microempresas con hasta 10 trabajadores y los empleadores del servicio doméstico tendrán un esquema flexibilizado.

En estos casos no será obligatorio cumplir todas las etapas formales del procedimiento general. Pero sí deberán respetarse garantías básicas:

• Informar los hechos.
• Escuchar al trabajador.
• Permitir su defensa.
• Aplicar decisiones proporcionales.

La circular advierte que incluso en pequeños negocios las decisiones disciplinarias deben conservar mínimos de legalidad y respeto por los derechos laborales.

Procesos virtuales y uso de tecnología

Otro aspecto relevante es que el Ministerio autorizó que estos procedimientos puedan adelantarse de forma virtual.

Sin embargo, la empresa deberá garantizar que el trabajador tenga acceso real a conectividad y comunicación adecuada.

Si eso no ocurre, el proceso tendrá que realizarse presencialmente.

Este punto refleja cómo las relaciones laborales siguen adaptándose a modelos híbridos y digitales que crecieron después de la pandemia.

Lo que cambia para las empresas

La Circular 0048 no crea una nueva ley, pero sí marca la forma en que el Ministerio del Trabajo interpretará y vigilará la aplicación de la Reforma Laboral en materia disciplinaria.

Y eso tiene implicaciones importantes para:

• Reglamentos internos de trabajo.
• Áreas de talento humano.
• Líderes operativos.
• Coordinadores administrativos.
• Asesores laborales.

Muchas organizaciones ahora deberán revisar sus procedimientos disciplinarios para evitar decisiones que puedan terminar cuestionadas por falta de garantías mínimas.